¿Es legal el hacking ético en Chile?

En la era digital, donde los ataques informáticos aumentan día a día en volumen y sofisticación, el hacking ético se perfila como una herramienta esencial para proteger sistemas informáticos. Sin embargo, en Chile, esta práctica aún enfrenta importantes limitaciones legales, principalmente por su cercanía con el delito de acceso ilícito, regulado en la ley 21.459.

¿Es legal el hacking ético en nuestro país? ¿Cuáles son los límites jurídicos y qué riesgos enfrentan los profesionales que buscan contribuir a la seguridad digital? En este artículo lo analizamos.

Los ciberataques se han convertido en una amenaza real y constante. Solo en 2023, Chile registró más de 6.000 millones de intentos de ciberataques, mientras que en América Latina y el Caribe la cifra alcanzó los 200.000 millones. Muchas de estas amenazas provienen de organizaciones criminales sofisticadas, que superan con creces al delincuente informático tradicional.

Ante este escenario, contar con defensores de la ciberseguridad como los hackers éticos se vuelve urgente. Sin embargo, su actuar aún está rodeado de vacíos normativos y restricciones legales.

El hacking ético se refiere al uso de habilidades de hacking con fines legítimos: identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos para reforzar su seguridad. A diferencia del hacker malicioso (black hat), el hacker ético (white hat) actúa con autorización o en contextos controlados, proponiendo mejoras y soluciones.

Esta práctica es clave para prevenir incidentes de seguridad, pero en Chile aún no cuenta con un reconocimiento legal claro.

La ley 21.459, en su artículo 2°, establece como delito el acceso ilícito a sistemas informáticos cuando se realiza sin autorización o excediendo la autorización otorgada, incluso si no hay daño.

Esto implica que un hacker ético que detecte y reporte fallas sin permiso previo puede enfrentar consecuencias penales, a pesar de actuar con buena intención. La ley protege la privacidad y la integridad de los sistemas, priorizando el principio de autorización previa por sobre la finalidad del acto.

Sí, pero son muy limitadas. El artículo 16 de la misma ley contempla una excepción para investigaciones académicas, siempre que cuenten con autorización expresa del titular del sistema. Esto excluye a los hackers éticos independientes o espontáneos, incluso si reportan fallas de forma responsable.

La Ley 21.663 introduce una excepción relevante para sistemas del Estado. Su artículo 55 permite el hacking ético sin autorización previa, bajo ciertas condiciones:

Esto aplica solo para sistemas informáticos de organismos de la administración del Estado. En cambio, cuando se trata de sistemas privados, el acceso sin autorización sigue siendo un delito.

Sí, y es necesario. Un marco legal que regule y proteja el hacking ético en Chile permitiría a profesionales capacitados actuar con seguridad jurídica, reportar vulnerabilidades y fortalecer la ciberseguridad nacional.

Una propuesta posible es permitir que los hackers éticos inscritos en el registro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad puedan, bajo ciertas reglas, realizar evaluaciones controladas también en el sector privado.

Esto:

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